Publicamos no Especial BVPS sobre os 60 anos do Golpe de 1964 texto da socióloga argentina Claudia Bacci (UBA), que articula o aniversário do golpe de Estado de 24 de março de 1976 na Argentina com o 8 de março (8M). A autora mostra, mais especificamente, como essas datas conectam o movimento de direitos humanos com os movimento de mulheres e os feminismos.
Boa leitura!
Una mirada feminista sobre el presente y las memorias (Argentina, 2024)
Por Claudia Bacci (UBA)
Un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en la Argentina reactiva el legado del movimiento de derechos humanos con el movimiento de mujeres y los feminismos, que el 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tuvieron también su primera manifestación pública bajo el gobierno de Javier Milei. Durante las semanas previas el Presidente y varixs integrantes de su gobierno han manifestado su rechazo a las políticas de derechos humanos, así como a la ampliación de derechos para mujeres y diversidades sexo-genéricas implementadas en las últimas décadas (jubilaciones para amas de casa, identidad sexual y matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, entre otras). La última operación por parte del gobierno ha sido negar de los delitos de lesa humanidad cometidos bajo el terrorismo de Estado implementado por la dictadura cívico-militar (Duhalde, 2013), que fueron probados por desde el Juicio a las Juntas Militares en 1985, por medio de un video emitido en la cuenta oficial de Casa Rosada justo al mediodía de este 24 de marzo. En el video intentan reescribir aspectos de la historia reciente con mentiras, ocultando el hecho de que se trató de un golpe militar y sin mencionar siquiera las palabras “desparecidos”, “centros clandestinos de detención” o “secuestros”. Mientras, la Plaza de Mayo, así como las plazas de distintas ciudades del país (Rosario, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, El Bolsón, Jujuy, entre otras), se colmaban de forma multitudinaria en una nueva marcha contra el olvido, por la memoria, la verdad y la justicia.
En este ensayo quisiera compartir algunas reflexiones basadas en observaciones de estas últimas semanas, así como en investigaciones realizadas durante la última década – en algunas de las cuales también he participado –, en torno a qué significa en la Argentina democrática la consigna “Nunca más”, y cómo esta conecta demandas del movimiento de mujeres, los feminismos y el movimiento de derechos humanos.
Para comprender el porqué de los ataques del nuevo gobierno hacia estos movimientos sociales con especial saña, bastaría con mencionar que las políticas neoliberales de ajuste económico y endeudamiento social que se busca implementar afectan de manera central a los sectores sociales más vulnerables (jubiladas/os, trabajadorxs asalariades y precarizados, desempleadas/os, niñas/os, familias sin techo), en particular sus condiciones de subsistencia cotidiana y sus derechos más básicos.
También, creo importante recordar la perseverancia de las articulaciones entre los feminismos y el movimiento de derechos humanos desde la recuperación de la democracia. Por ejemplo, en el primer acto por el 8 de marzo de 1984 realizado por activistas feministas en la Plaza de los Dos Congresos, la consigna “La violación es tortura” conectaba el terrorismo de Estado con formas de la violencia sexista consuetudinarias (Bascuas & Daona & Oberti, 2020).
Contestar, interrumpir y revertir los discursos de violencia social y política que hoy se despliegan desde el Estado constituyen tareas políticas centrales, a fin de trastocar las jerarquías moralistas de lo privado y lo público, y reinventar estrategias que se opongan a la “pedagogía de la crueldad” (Segato, 2018) que conecta a este gobierno con la dictadura.
No resulta casual entonces que, días antes de este 24 de marzo, dos activistas feministas e integrantes de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) denunciaran amenazas de muerte. Una de ellas sufrió un ataque gravísimo, que incluyó algunas de las prácticas sexistas de militares hacia las detenidas en dichos centros clandestinos. Los atacantes firmaron una pared con las siglas “¡VLLC!” (Viva la Libertad, carajo) con las que culmina sus mensajes el Presidente Milei.
Las denuncias por la violencia sexual durante la dictadura por parte de mujeres sobrevivientes de centros clandestinos de detención han tomado más y más espacio en el debate público desde 2010, pero ya habían sido realizadas en el Juicio a las Juntas Militares de 1985 (Balardin & Oberlín & Sobredo, 2011; Memoria Abierta, 2012; Sutton, 2018; Álvarez, 2019, entre otras).
La explosión de la marea feminista contra la violencia sexista en 2015, y en particular desde el 2018 en los debates por la despenalización y legalización del aborto, reforzaron las voces de estas sobrevivientes y permitieron abrir diálogos intergeneracionales y entre movimientos sociales de orígenes diversos. Así, por ejemplo, este 24 de marzo desde la organización feminista La Revuelta señalaron que “Los milicos genocidas también son violadores”, una de las denuncias nunca respondidas desde los sectores aliados a los militares condenados, junto con el reclamo por las niñas y niños apropiados en el marco del secuestro y desaparición de sus madres y padres.
Desde “el país de las maravillas”
El 3 de septiembre de 2022 se estrenó la película Argentina, 1985. Dirigida por Santiago Mitre, el filme narra, en tono de suspenso judicial, la historia del Juicio a las Juntas Militares y su entramado político y jurídico, enfocándose en el trabajo del equipo de la Fiscalía Federal a cargo del Dr. Julio Strassera, que llevó adelante la investigación de los casos que fueron probados. Desde su estreno tuvo un gran éxito de audiencia en cines y plataformas digitales, acompañada por homenajes y debates públicos.
El Juicio trató sobre los delitos cometidos por el despliegue del terrorismo de Estado durante la dictadura, y su sentencia comprobó los miles de desapariciones, secuestros, asesinatos y torturas a militantes y activistas de ambos sexos, embarazadas, parturientas y niñas/os, así como la sustracción de recién nacidos (“robo de bebés”), entre otros delitos de lesa humanidad (Galante, 2019). La película nos enfrenta al espejo de un momento histórico y social en el que parecía develarse una verdad sin lugar para distraídos o descreídos. Pese a la fragilidad del proceso democrático iniciado en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín había respondido a la demanda de justicia del movimiento de derechos humanos con la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y la acción de la Justicia ordinaria ejemplificada en este Juicio, entre otras medidas. Ambas instancias fueron resistidas por las Fuerzas Armadas y otros sectores sociales comprometidos con la dictadura. Quince minutos del inicio del film bastan para mostrarnos algo del espíritu del momento histórico y social que recupera el filme, así como sus resonancias presentes.
La historia entremezcla la vida doméstica de la familia Strassera, amenazada a diario por teléfono debido al rol del Fiscal, y los aspectos políticos de ese proceso judicial. El Fiscal teme que los servicios de inteligencia ligados a la dictadura ataquen a su familia, y para proteger a su hija adolescente, Verónica, implementa una inquietante vigilancia en la que hace cómplice a su hijo menor. En el hall del departamento de la familia Strassera, Verónica se maquilla para ir al colegio mientras escucha en su walkman una canción de Serú Girán (Salir de la melancolía), popular banda de rock del momento. Su hermano menor le recrimina que vaya maquillada a la escuela, pero la respuesta de la adolescente resuena como un rayo calmo: “Porque quiero y porque puedo. Estamos en democracia, ¿no?”. Poco después, Verónica le dice a su padre, el Fiscal, “No me vigiles”.
En otra escena, el personaje de Strassera discute con un funcionario político a quien sospecha cómplice de una estrategia del gobierno para legitimar la impunidad militar. ¿Quién podía creer que verdaderamente fuera a realizarse un juicio contra los militares que habían asolado al país hasta hacía unos pocos meses? La ironía de Strassera es casi un viaje al presente: “Pero ¿qué pasa? ¿Vivimos en el país de las maravillas ahora?”.
La dictadura había reforzado una retórica familiarista conservadora que naturalizaba la relación entre roles familiares y Nación (Filc, 1997; Jelin, 2017), incluso en el funcionamiento del dispositivo concentracionario (Calveiro, 1998). En ese contexto, también se responsabilizaba moralmente a las mujeres militantes políticas, familiares o parejas de militantes, por su potencial transgresión de los estereotipos femeninos, sometiéndolas a diversas formas de disciplinamiento, como la violencia sexual. La amenaza de violencia contra embarazadas y parturientas, así como la incertidumbre acerca del destino de sus hijas/os nacidos en cárceles y centros clandestinos, condensó algunas de las dimensiones políticas y sociales del daño (Regueiro y Villalta, 2015). Durante décadas sus denuncias fueron desoídas socialmente. Uno de los lemas de la dictadura había sido “El silencio es salud”.
La representación de la familia Strassera muestra el frágil equilibrio que se daba cotidianamente entre la aceptación de las rebeldías juveniles y la supervisión patriarcal de las mujeres de la casa. Para quienes atravesamos la “primavera democrática” siendo jóvenes, las promesas de la recién recuperada libertad llegaban enunciadas con el preámbulo de la Constitución, con canciones y fiestas, actos inocuos como salir sin documentos, desentenderse de tabúes sexuales, o bien iniciarse en la política estudiantil y partidaria. Todo junto y con la misma pasión, porque queríamos y porque podíamos. Estábamos en democracia, ¿o no?
El Juicio a las Juntas Militares corrió los velos de la violencia inaudita que se abatió sobre toda la sociedad. Desde el 22 de abril de 1985, durante casi 80 audiencias públicas (alrededor de 530 horas) se escucharon los testimonios de familiares, sobrevivientes, militares, eclesiásticos y activistas de derechos humanos. El Tribunal dictó su sentencia el 9 de diciembre del mismo año. Fundada sobre 709 casos, la Fiscalía probó los delitos de homicidio, privación ilegítima de libertad simple y/o seguida de homicidio, tormentos, violaciones y robo, por los que se condenó a cuatro de los jefes máximos de las tres Juntas Militares: Jorge Videla y Emilio Massera (prisión perpetua), Roberto Viola (17 años de prisión), Armando Lambruschini (8 años de prisión), Orlando Agosti (4 años y 6 meses de prisión en suspenso), mientras que Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo fueron absueltos. Además, la Sentencia consideraba la necesidad de continuar investigando la cadena de responsabilidades, rebatiendo el principio de la obediencia debida e instalando la posibilidad de abrir nuevas causas a futuro.
El Tribunal decidió la filmación de todas las audiencias por parte del canal estatal Argentina Televisora Color (ATC), aunque limitó su difusión televisiva (Feld, 2002). Este registro fue resguardado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal hasta su digitalización por parte de la Asociación Civil Memoria Abierta, en acuerdo de cooperación con la Universidad de Salamanca (España) y la Cámara Federal, así como por el Archivo Nacional de la Memoria, y ambas copias están disponibles para la consulta pública desde 2015[1].
En una investigación de largo alcance que realicé sobre las prácticas testimoniales durante el Juicio, consulté la filmación de estas audiencias públicas, material del que recupero apenas un ejemplo. En la Audiencia del 29 de abril se escuchó el primer testimonio de sobrevivientes de centros clandestinos, que fuera retomado en la película ya mencionada. Se trataba de Adriana Calvo, una gremialista y docente en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de La Plata, quien relató su secuestro en 1977, estando embarazada de siete meses. Calvo permaneció secuestrada en diferentes centros clandestinos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hasta el nacimiento de su hija, ocurrido en abril de 1977 en el asiento trasero del auto en el que la trasladaban de un lugar a otro, luego de lo cual fue liberada junto a su bebé[2]. En su testimonio brindó durante casi cuatro horas una gran cantidad de información sobre sus compañeras y compañeros de cautiverio, en particular otras embarazadas y parturientas a las que pudo asistir, con fechas de nacimiento y nombres de los bebés nacidos, así como los esfuerzos que hizo para transmitir la noticia a los familiares tras ser liberada. Su voz conmocionada iba de la demanda de justicia al relato del dolor del parto mientras los jueces la escuchaban estupefactos (Oberti, 2022).
La escucha social de los testimonios de las y los sobrevivientes tomó décadas en ampliarse, y sufre dilaciones en la Justicia hasta hoy. La ficción sobre la Argentina de 1985 resalta la distancia que todavía media entre las promesas de una democracia sustantiva, comprometida sin cortapisas con la defensa y protección de los derechos humanos, y los compromisos más ominosos con la violencia estatal y la injusticia que se perpetúan. La “apertura” política que parecía caracterizar a esos años 1980 es un camino que todavía recorremos los feminismos y el movimiento de derechos humanos, entre frustraciones y reveses que recrudecieron este 24 de marzo.
¡Luche como una Abuela!
Las políticas de memoria han acompañado de cerca el proceso de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado, particularmente desde que entre 2005 y 2006 se declarara la Inconstitucionalidad y se derogaran las “Leyes de Impunidad” vigentes entre 1987 y 2005 (Guembe, 2005).[3] Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, las provocaciones y las iniciativas en favor de imputados y condenados en causas penales por delitos de lesa humanidad han ido in crescendo. Así, un militar imputado en uno de los juicios de lesa humanidad (Bahía Blanca) defendió la política sistemática de robo de niñas y niños en el marco de los secuestros y detenciones clandestinas de sus madres desde un supuesto “sentido humanitario”, afirmando que “Muchos de estos [nietos y nietas recuperadas/os posteriormente], al igual que sus padres, tienen la sangre maldita” (Bertoia, 2024), poniendo en cuestión la sentencia contundente que probó la existencia de un Plan Sistemático de Robo de Niñas/Niños en 2012 (Laíno Sanchís, 2020).
Este tipo de declaraciones, que se remontan a 1983 (Feld & Franco, 2015; Salvi & Feld, 2019), buscan horadar el prestigio social de las políticas democráticas de Memoria, Verdad y Justicia implementadas por gobiernos de diferente signo político en los últimos 40 años. Así, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), intentó tergiversar y cuestionar la centralidad del significante “derechos humanos” en el proceso de democratización, calificándolo como un “curro” (robo) ligado a operaciones de corrupción que sesgarían una “memoria completa”. Como señalan Valentina Salvi y Luciana Messina (2022), estas disputas insisten en la imposición de falsificaciones sobre la dictadura bajo la idea de que hay “dos campanas” de víctimas a equiparar, e impugnan en tono moralista la preeminencia de los organismos de derechos humanos y sus referentes en el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia. Otra de las discusiones planteadas en 2016, que se reactiva en diferentes momentos desde 1984 y que el gobierno actual retoma en los mismos términos, se refería al número de personas desaparecidas que los organismos de derechos humanos enuncian bajo el postulado “Son 30.000”. El debate sobre el número de detenidos-desaparecidos se centra en un número basado en las denuncias recibidas por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) publicado en 1984 en su Informe Final “Nunca Más” (Crenzel, 2008). Este número solo puede ser provisorio, como muestra la presentación posterior de nuevas denuncias, los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos e Informes de organizaciones internacionales publicados desde la dictadura. Pero, además, se trata de un número que pone sobre la mesa la clandestinidad sistemática de los secuestros y del proceso mismo de desaparición de los cuerpos por parte de las fuerzas represivas, y denuncia el silencio de quienes conocen dónde están los cuerpos de las/los desaparecidos, los casi 300 bebés apropiados que todavía no han recuperado su identidad, y los responsables de esos hechos (Bacci, 2016; Hunziker, 2023).
Desde su conformación en los años de la dictadura, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han desafiado los estereotipos femeninos que las recluían al espacio privado, saliendo a la calle a demandar justicia. Tras la recuperación de la democracia, activistas feministas reconocieron esta potencia política, estableciendo diálogos intergeneracionales y entre perspectivas que enriquecieron ambos movimientos. Contra la negación de los crímenes de la dictadura y la “motosierra” de derechos sociales y políticos con que el gobierno golpea a la sociedad, en las movilizaciones del 8 y del 24 de marzo una consigna se hizo viral: “Luche como una Abuela/Madre”.
La Plaza es el Salón de las Mujeres
Desde su expansión en los años 1960, los feminismos han revisado críticamente los discursos sociales sobre “la mujer” y “lo femenino” sustentados socialmente, mostrando los condicionamientos socio-históricos que sobredeterminan desigualdades, formas de subordinación y violencia específicas contra las mujeres y las diversidades sexo-genéricas, jerarquías sexuales y/o de género, y en particular, el modo en que en sus diferentes manifestaciones articulan lo estructural (social, histórico, cultural) con la experiencia (lo personal y subjetivo).
Los discursos sociales sobre la violencia sexual y/o de género cristalizan representaciones del “cuerpo femenino sexualizado” que expresan un estado de las estructuras de poder y dominación en nuestras sociedades, muestran la desigual distribución de la vulnerabilidad y del riesgo, y naturalizan el odio y el desprecio por las vidas de mujeres, trans y travestis, justificando la indiferencia social. Las (escasas) estadísticas sobre feminicidios y travesticidios exponen la intersección de esta violencia extrema y cuenta con estructuras de racialización y de colonialidad de larga duración en nuestra región. Desde las ciencias sociales y los feminismos en nuestro continente se ha señalado que estas formas de violencia recrudecen en contextos de violencia política, conflictos armados, guerras étnicas y genocidios, y adquieren nuevas configuraciones en el marco contemporáneo de transformaciones socioeconómicas profundas que arrasan los territorios para la explotación capitalista desregulada.
En Argentina, la lucha contra los feminicidios se tradujo en la consigna #NiUnaMenos que recorrió todo el arco social desde la primera manifestación el 3 de junio de 2015. Desde entonces se promulgaron leyes y normativas de protección hacia mujeres y diversidades sexo-genéricas, así como medidas simbólicas de reparación y homenajes. En este marco, en 2009, durante el primer mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, se creó el Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno, en reconocimiento a figuras históricas y luchadoras por los derechos de las mujeres. Este espacio fue desarmado en 2015, cuando el expresidente Macri lo convirtió en un espacio de oficinas. En 2019, el entonces presidente Alberto Fernández lo recuperó, sumando una antesala de Mujeres, Géneros y Diversidad en reconocimiento a quienes lucharon por la igualdad de género.
Desde su asunción en diciembre pasado, el nuevo gobierno viene implementando una serie de transformaciones radicales contra aquellas políticas públicas que reconocían derechos sociales básicos y combatían diferentes formas de discriminación, xenofobia y racismo, en particular contra los derechos de las mujeres y diversidades, como la degradación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a Subsecretaría de las Mujeres bajo la órbita del nuevo Ministerio de Capital Humano, el desfinanciamiento de programas de ayuda social a personas en situación de riesgo por violencia de género, y el ataque a políticas como la Educación Sexual Integral en escuelas, entre otras. En las últimas semanas se sumó una medida que podría considerarse superficial, pero que considero que condensa el sentido de los ataques gubernamentales, así como la potencia política de las articulaciones entre las acciones de los feminismos y los movimientos de mujeres y por los derechos humanos.
El viernes 6 de marzo el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, comunicó que, por decisión de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de la hermana del presidente, Karina Milei, el espacio del Salón de las Mujeres sería renombrado como “Salón de los Próceres Argentinos”. Como justificación y provocación, el Vocero señaló que ese espacio no otorgaba “ningún valor agregado a las mujeres” y que incluso podía considerarse como un “acto de discriminación contra los hombres”. En el video institucional una voz femenina – que algunos medios atribuyen a la propia Secretaria – afirma que el Gobierno no promovería “militancias que generan discordia y división entre los argentinos”, ni “el guiño político estéril a un movimiento militante del momento que las mujeres argentinas tampoco necesitamos”. Con el sonido de fondo del Himno Nacional, grandes telones con las imágenes de próceres del siglo XIX y expresidentes del siglo XX (solo varones) caían sobre las de militantes políticas y sociales como Eva Perón, la cantante Mercedes Sosa, la intelectual y animadora cultural Victoria Ocampo, las Madres de Plaza de Mayo, la heroína de la Independencia Juana Azurduy o la activista travesti Lohanna Berkins.
En una nota publicada en el portal periodístico LatFem, María Claudia “la Negra” Albornoz, vocera de las asambleas de la organización de habitantes de villas La Garganta Poderosa, señaló que la organización de las mujeres de sectores populares y su presencia en las calles era importante porque “Cada vez que ellos gritan ¡Viva la libertad, carajo!, nosotras perdemos un derecho” (Tibiletti, 2024). En ese sentido, la apuesta del movimiento transversal de mujeres y feministas para este 8M fue ocupar la Plaza de los Dos Congresos con una marcha multitudinaria. “Ante el odio, ante el miedo, nos ponemos el pañuelo/ Si al final somos la casta, nos tenés acá, en la Plaza”, sonaba en el video difundido en redes ese día desde la organización #NiUnaMenos. La melodía retomaba la canción “¿Quiénes son?” de Lali Espósito, una joven y popularísima cantante que viene siendo objeto de ataques en redes sociales por parte del propio Presidente y sus seguidores debido a sus opiniones políticas y su activismo feminista.
Como señalé al comienzo, la unidad de los feminismos, los movimientos de mujeres y por los derechos humanos viene tejiéndose desde la recuperación de la democracia en 1984, aunque ha tomado mayor visibilidad en la última década en respuesta a medidas neoliberales de ajuste económico y reendeudamiento del Estado con el Fondo Monetario Internacional.
El documento de cierre de la movilización del 8M, consensuado en asambleas multitudinarias realizadas desde enero, afirmaba que “La libertad es nuestra y no de los mercados ni de los gobiernos”, planteando seis ejes de articulación en la acción:
1. Estamos acá contra el hambre y el ajuste;
2. Estamos acá por el derecho aborto legal, seguro y gratuito;
3. Estamos acá por el trabajo y contra los despidos;
4. Estamos acá para decir abajo el DNU: ¡basta de extractivismo contra los cuerpos y territorios!
5. Estamos acá para decir abajo el protocolo represivo de patricia bullrich. ¡basta de violencia institucional!
6. Estamos acá contra las violencias machistas.
Frente a las voces neoconservadoras que intentan desacreditar nuestro compromiso con la igualdad de derechos, pretenden limitar nuestras libertades y romper el tejido de solidaridad que nos reúne, con nuestros cuerpos y nuestras voces e imaginación política dijimos juntas “¡Estamos acá! ¡La Plaza es el Salón de las Mujeres!”.
Las reverberaciones entre el 24 de marzo y el 8M se reactivan como parte de la imaginación política para reensamblar sentidos y articular tradiciones y genealogías de lucha (Bacci, 2022). Dos economías de afectos políticos se entrecruzan y potencian a lo largo de estos cuarenta años de democracia, la de las luchas por las memorias del terrorismo de Estado impulsada por las figuras de Madres, Abuelas y sobrevivientes, y la de los feminismos y movimientos de mujeres en demanda de una vida digna para todes. Cada vez que ese cruce ocurre, la esperanza en los proyectos de transformación social fundados en la solidaridad más amplia, las libertades políticas y el respeto por los derechos humanos se renueva. Este 24 de marzo, en Argentina volvimos a decir “Nunca más es nunca más”.
Notas
[1] Entre 2019 y 2022 se realizó una nueva digitalización a raíz de la realización del documental de Ulises de la Orden, El Juicio (2023). Ver: Fondo Registro fílmico del Juicio a las Juntas Militares (Argentina, 1985), Causa N. 13/84.
[2] Calvo integró la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos desde su creación en 1984, y testimonió en numerosas oportunidades. Falleció en diciembre de 2010.
[3] Se trata de las Leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) y los Indultos concedidos en 1990 y 1991.
Referencias
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A imagem que abre o post é uma obra de Dora Longo Bahia. Desconhecida I (1996). A imagem faz parte do ensaio visual de Lilia Moritz Schwarcz que pode ser conferido aqui.
